Si un empresario no ha pagado regularmente las contribuciones de seguridad social de sus trabajadores, deberá ser excluido taxativamente de las licitaciones en el Vaticano. No solo eso. En una larga lista contenida en el enésimo Motu Proprio publicado para especificar el correcto funcionamiento de la maquinaria burocrática curial, El Papa Francisco ha aclarado que los procedimientos de licitación excluirán a todas las empresas que han cometido graves violaciones relacionadas con el pago de impuestos y tasas, si son negligentes con la salud de los trabajadores, si residen en países con regímenes fiscales privilegiados y si están sujetas a procedimientos de liquidación. En la práctica, para los operadores económicos, italianos y extranjeros, que piensan participar en las licitaciones del Jubileo, los requisitos se han vuelto muy precisos, las reglas son muy estrictas. No se permiten conflictos de interés de ningún tipo, ni declaraciones falsas ni comportamientos irrespetuosos con el medio ambiente. Naturalmente, la licitación también está prohibida para los empresarios «residentes en jurisdicciones de alto riesgo de lavado de dinero, financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva, tal como lo identifica la Autoridad de Supervisión e Información Financiera en el desempeño de su actividad institucional».
LICITACIONES
Los dos nuevos Motu Proprio se elaboraron en base al texto de la Constitución Praedicate Evangelium, cuya publicación un poco apresurada está necesitando ajustes continuos para hacerla más fluida y clara. El objeto de las nuevas intervenciones se refiere a la competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, el control y la transparencia. Una de las principales preocupaciones de Bergoglio es limitar al máximo la discrecionalidad de las decisiones internas que en el pasado llevaron las licitaciones a las mismas empresas, a menudo gestionadas por familiares y amigos de cardenales, funcionarios o monseñores de la curia.
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Bergoglio también ha establecido un límite en la autonomía de gasto de los diversos dicasterios, todos ahora sujetos al control de la Secretaría de Economía, a menudo causando contratiempos burocráticos, lentitud en los procedimientos con mecanismos que se bloqueaban por el miedo de los funcionarios a cometer errores o equivocaciones. «Teniendo en cuenta esto, se establece que la aprobación debe solicitarse cuando el acto supera el 2% de la cifra resultante del promedio calculado sobre el total de los costos de la entidad solicitante, tal como aparece en los balances aprobados relativos a los últimos tres años. En cualquier caso, para los actos cuyo valor es inferior a € 150.000,00 no se requiere aprobación» se lee en uno de los dos Motu Proprio.
Si hubiera reclamaciones, las medidas deben dirigirse a la Secretaría de Economía, la Entidad. Y si se pretende impugnarlos, «se debe presentar a la misma, dentro del plazo perentorio de quince días desde la notificación, la solicitud de revocación o modificación del acto exponiendo los motivos. Según la ley, la Entidad tiene la facultad de apelar al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica».
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