Expulsado de la escuela: suspendido por 21 días y rechazado a pesar de que el Tar había ordenado su regreso a clase. Ingreso negado incluso frente a los carabineros que los padres habían llamado, junto con el abogado. El protagonista no es un acosador reincidente sino un niño de apenas seis años de Ladispoli, un pueblo costero cerca de Roma, un alumno de primaria que los certificados del hospital en el que está siendo tratado indican que sufre de «un trastorno del déficit con hiperactividad». Un niño que debería ser apoyado en su camino educativo, como certifican los médicos tratantes.
Valditara ordena una inspección
El ministro de Educación y Mérito Valditara quiere entender por qué la dirección de la escuela no cumplió con un decreto del poder judicial administrativo: ahora enviará una inspección a la Institución Educativa que negó el acceso al niño. «Nuestro hijo debe regresar a la escuela como ordenó el Tribunal, el ministro debe hacer que la escuela respete el decreto del Tar, lo debe hacer por la tranquilidad de nuestro hijo de apenas seis años a quien se le niega un derecho», el llamado de los padres del niño envuelto en este incidente. La madre y el padre del pequeño alumno el 26 de febrero reciben un correo electrónico de la escuela: «Su hijo es apartado de la comunidad escolar del 28 de febrero al 21 de marzo». Pocas palabras y ni una explicación para comunicar una decisión tomada por el consejo de instituto de la cual ni siquiera los padres de otros alumnos saben nada, de hecho, algunos - según se informa - se muestran compungidos.
«El 28 de febrero presento inmediatamente un recurso cautelar al Tar», explica Daniele Leppe, abogado de la familia. En el recurso también se lamenta que la suspensión de 21 días es ilegítima porque «no se ha tenido en cuenta en absoluto la patología que sufre el niño, que es la causa del comportamiento en clase, y no se ha respetado ningún principio de proporcionalidad, ya que el alejamiento escolar más allá de los 15 días no fue precedido por otra infracción disciplinaria anterior».
El decreto
Y se hace notar que el alumno «no ha mostrado nunca comportamientos agresivos hacia otros niños o adultos que justifiquen medidas extremas para no poner en peligro la seguridad de otros». El Tribunal Administrativo de Lazio emite el 1 de marzo un decreto cautelar suspendiendo la medida y ordenando a la escuela readmitir al alumno». No solo eso: los jueces administrativos ordenan a la escuela «proporcionar al menor un número de horas de apoyo compatible con la gravedad de la enfermedad que padece».
De hecho, los padres en el recurso también se quejaban de que la escuela «no consideró útil acompañar al operador OEPA con el maestro de apoyo» indicación que sin embargo fue expresamente solicitada por el equipo que trata al niño «para permitir la correcta integración del niño en las actividades educativas y el grupo de clase». Pero la escuela no retrocede ni siquiera frente al decreto. Los padres el lunes 4 de marzo llevan al niño al Instituto pero la conserje les bloquea el paso, "no se puede". «El director ni siquiera nos digna con una palabra - agrega Leppe que había acompañado a los padres y al pequeño - Nos vimos obligados a llamar a los carabineros pero el director fue inamovible. En ese punto hicimos una denuncia a los carabineros por incumplimiento de una orden judicial». Sin embargo, han pasado cinco días desde el decreto y el niño no ha vuelto a pisar la escuela. Los padres están preocupados. No solo está en juego la educación, por lo tanto, un derecho, sino posibles traumas vividos a una edad delicada por un niño ya frágil.
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