La denuncia ha sido realizada contra desconocidos pero Cecilia Marogna, ya condenada en primera instancia a tres años y nueve meses en el proceso vaticano que también involucró al cardenal Angelo Becciu por la desafortunada compra-venta del palacio de Londres, ha presentado una denuncia ante las Fiscalías de Roma y Perugia a la luz de la investigación sobre los dosieres en la que resulta involucrado, entre otros, el financiero Pasquale Striano. En la denuncia, la analista vinculada a los servicios secretos ha solicitado verificar si ha habido una ilícita «extracción» y «divulgación» de datos, de los cuales habría resultado un «uso ilícito» de información confidencial por parte de la Gendarmería y del Promotor de Justicia vaticano, el fiscal del Papa.
En la denuncia, contra desconocidos, depositada hoy en el cuartel de los Carabineros de Cagliari, Marogna destaca una serie de coincidencias, siendo la primera que justo el día en que la Oficina del Promotor de Justicia la inscribía como investigada, el 20 de marzo de 2020, se realizaba «un acceso abusivo de Striano para consultar la información concerniente a los datos personales, actos del registro y declaraciones, ingresos percibidos y catastro» en su contra. Marogna se pregunta, por consiguiente, «¿bajo qué título el teniente Striano consultó» esa información, «por mandato de quién» y «para qué finalidad».
«¿Acaso la búsqueda se llevaba a cabo en nombre de terceros, que incluso afirmaban trabajar conjuntamente con las Autoridades Vaticanas, o en beneficio de posibles periodistas?» se menciona en la denuncia pidiendo la audiencia de varias personas, entre ellas el Promotor de Justicia Vaticano, Alessandro Diddi, «ordenando el secuestro de posibles dispositivos electrónicos». En las últimas semanas, el defensor de Marogna, Riccardo Sindoca, escribió al fiscal jefe de Perugia Raffaele Cantone, presentando una solicitud para saber si existe una relación entre la investigación en curso y los ‘dossiers’ (ya denunciados por Sindoca en julio pasado) en contra de Marogna y otros.
La semana pasada, el ex magistrado Otello Lupacchini, al intervenir en una iniciativa de Radio Radicale sobre las anomalías del proceso vaticano sobre el inmueble de Londres, después de haber estudiado meticulosamente la montaña de papeles y documentos producidos durante el largo proceso, identificó una pista que - uniendo todos los indicios disponibles surgidos - llevaría directamente al dosier que involucra al financiero Pasquale Striano y a los accesos ilícitos en el sistema informático de la DNA, planteando una serie de preguntas tanto para Italia como para la Santa Sede.
Para empezar, dijo Lupacchini, «la manera en que se llevó a cabo el proceso ha proyectado una sombra sobre la justicia vaticana y también sobre la italiana y deja presagiar lo peor». Los documentos del proceso le evocaron ciertos «procesos estalinistas o de la Santa Inquisición». Todo por cómo se desarrolló originalmente este caso, Lupacchini se preguntó cómo no considerar el hecho de que los magistrados vaticanos «provienen de Italia o muy a menudo están vinculados a la Guardia de Finanzas, a la cual también pertenece el teniente Striano». Un detalle que también lo conectó con los accesos abusivos que se han realizado y que también conciernen a personajes involucrados de diversas maneras y con varios roles procesales en el proceso Becciu. «Y no se trata de cosas que ocurrieron cuando ya la investigación estaba en marcha y el proceso en curso, sino de cosas que han determinado el surgimiento de la investigación misma porque ocurren, estas intrusiones en el sistema, a partir de una época anterior al procedimiento penal de la investigación».
El dosier incluye, de hecho, también a algunos de los acusados en el proceso vaticano: Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Fabrizio Tirabassi, Cecilia Marogna e incluso al diputado Giancarlo Innocenzi Botti. «Las intrusiones abusivas en el sistema informático de la DNA relacionadas con estos personajes comienzan el 22 de julio de 2019, cuatro meses antes del registro en las oficinas de la Secretaría de Estado. Y luego continúan durante todo el tiempo siguiente. El 15 de octubre de 2019, el comandante de entonces - Domenico Giani nrd - de la Gendarmería, proveniente de la Guardia de Finanzas que durante veinte años desempeñó ese rol bajo diferentes pontífices, renuncia y el Papa Francisco acepta su renuncia por la fuga de un documento. En esa ocasión, el Papa lamentaba la vergüenza de esta fuga de noticias por el sufrimiento causado a las personas involucradas
Lupacchini se pregunta: «¿Qué hay detrás de lo que es definido por Cantone como un avispero por los accesos abusivos y la extracción de archivos sobre materias delicadas sustraídas de las bases de datos a las que tenía acceso el teniente Striano en la DNA? Nosotros no lo sabemos, sin embargo, sabemos quién se benefició y sabemos qué uso se hizo de los documentos: las denuncias de operaciones sospechosas relacionadas con el caso Becciu». De aquí las «anomalías y sombras sobre un proceso que se vuelve sustancialmente sumario, dirigido a destruir un sistema corrupto que se daba por supuesto pero no por efecto de la prueba, de hecho, él mismo se convierte en prueba de sí mismo». Una sospecha que mina la base de la credibilidad del sistema judicial vaticano con repercusiones no indiferentes a nivel internacional.
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